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De la pandemia no se sale con autoritarismo


El Poder Ejecutivo pretende acrecentar sus atribuciones en desmedro de la Constitución y de las autonomías provinciales. Asistimos una vez más a un evidente ataque al sistema federal de gobierno elucubrado con fines partidistas que en nada ayuda a preservar la institucionalidad y la división de poderes. Pareciera que el Presidente busca recuperar la autoridad perdida ante el desgaste al que es sometido a diario por un diseño del ejercicio del mando ajeno a nuestra tradición presidencialista.


Para ello, en un rapto de insospechada osadía fronteriza envía al Congreso un proyecto de ley echando mano a las facultades extraordinarias y poniendo en tensión el funcionamiento de las instituciones de la democracia. De la pandemia no se sale con autoritarismo ni con demostraciones de fuerza que solo sirven para vulnerar las libertades civiles y envenenar la seguridad jurídica.


A nadie escapa que los constantes titubeos le han quitado capacidad de respuesta al gabinete nacional cuando la realidad exige firmeza y determinación en la máxima dirección del país. Asimismo la designación o remoción de funcionarios ha provocado el deterioro de la palabra presidencial. A ello debemos agregar la agresión a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires defendida y reivindicada por la Corte Suprema de Justicia. Como así también el fracaso en la gestión de la pandemia con los escándalos de los vacunatorios VIP, la violación de los derechos humanos en Formosa, la salida ignominiosa del ministro de Salud y el faltante de vacunas por ineptitud, imprevisión y manejos oscuros.


Mientras la inflación destruye el salario real de los trabajadores y aumenta la incertidumbre social por la falta de vacunas, el Presidente se empecina en cerrar las escuelas, tal vez con la intención de ningunear el fallo de la Corte Suprema.


Lo que no logró con un DNU inconstitucional quiere obtenerlo a través del Congreso mediante un proyecto de ley cuyo marco normativo es el citado DNU, con el que busca fijar criterios epidemiológicos, establecer medidas sanitarias y suspender las clases presenciales en la CABA.


Nuestro rechazo a esta maniobra autoritaria se funda en la letra y el espíritu del artículo 29 de la Constitución que prohíbe al Congreso conceder facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. El número nunca es superior a las leyes. El número jamás es superior a la Constitución. El número es un límite al atropello y no una patente de corso para imponer salidas al margen del Estado de Derecho.


Advertimos a la ciudadanía que la mayoría legislativa es legítima en tanto y en cuanto se encuadre en lo que manda la Constitución. La persistencia del gobierno en aprobar a cualquier precio sus caprichos degrada la democracia y coloca al país al borde de la dictadura. Un verdadero retroceso que no estamos dispuestos a avalar ni a consentir por acción u omisión.


Bloque de Diputados Nacionales de PRO